LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria («Ley de la Cadena Alimentaria»), se publicó en el BOE de 3 de agosto y este año fue modificada por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero que introdujo varias previsiones que tratan de dar solución a las demandas del sector en las movilizaciones de principios de año. Los aspectos más destacados de la misma son:

Ámbito de aplicación

La Ley de Cadena Alimentaria será de aplicación a todas las relaciones comerciales entre «Operadores de la Cadena Alimentaria», afectando, por tanto, a pymes y cooperativas de productores, intermediarios, mayoristas en origen, industria envasado y transformación, centrales de compra, Mercas, distribuidores mayoristas, operadores de la gran distribución y al canal especializado, entre otros y serán operaciones sujetas al ámbito de aplicación de la misma, todas las relaciones comerciales entre dichos Operadores, que se concretan fundamentalmente en los contratos alimentarios y los contratos de integración.

Por otro lado, es necesario dejar claro que se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ley:

  • las entregas de productos que se realicen a cooperativas agroalimentarias
  • las relaciones comerciales con operadores de transporte y consumidores finales y en el ámbito de la hostelería y restauración.

El Contrato Alimentario

Es aquél en el que una de las partes se obliga frente a la otra a la venta de productos alimentarios o alimenticios e insumos alimentarios antes citados, por un precio cierto, bien se trate de una compraventa o de un suministro de forma continuada. Se exceptúan aquellos que tengan lugar con consumidores finales.

Uno de los aspectos claves de la Ley de la Cadena Alimentaria es la obligatoriedad de firmar contratos por escrito entre las partes, cuando se trate de:

  • Operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido (es decir, siempre que no sea al contado, a la entrega de los productos), excepto si el precio es inferior a los 2.500€.
  • Transacciones cuyo precio sea superior a los 2.500€, siempre que los operadores se encuentren en situaciones de desequilibrio. Dicha situación de desequilibrio existe cuando una de las partes:
  • Es un operador con condición de PYME y el otro no;
  • Es un operador que tenga la condición de productor primario;
  • Se hallen en una situación de dependencia económica: aquélla en la que la facturación de producto de aquél respecto de este sea al menos un 30% de la facturación del producto del primero en el año precedente.

Contenido mínimo de los contratos:

  • Identificación de las partes contratantes
  • Objeto del contrato
  • Precio
  • Condiciones de pago
  • Condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos
  • Derechos y obligaciones de las partes contratantes
  • Información comercial que deben suministrarse
  • Duración, condiciones de renovación y modificación
  • Causas, formalización y efectos de la extinción del contrato
  • Indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de éstos y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción.

Prohibición de Prácticas Abusivas

Asimismo, la Ley de Cadena Alimentaria en su afán por prevenir prácticas que un operador dominante pueda realizar sobre el resto de operadores de la cadena alimentaria con los que contrata establece tres tipos de prácticas que califica de «abusiva» y cuya realización comporta la comisión de una infracción administrativa y que son:

  • Modificaciones unilaterales del contrato y exigencia de pagos comerciales no previstos.
  • Exigencia de suministro de información comercial sensible por parte de un operador a otro
  • Prohibición del aprovechamiento indebido de la iniciativa empresarial ajena por parte de un operador y en beneficio propio

Para velar por su cumplimiento la Ley recoge una figura, la AICA, de la que hablaremos en otro artículo.

Esta actuación de difusión llevada a  cabo  por Cooperativas Agroalimentarias Principado de Asturias, U de Coop (COAPA), entidad socia de Cooperativas Agroalimentarias de España (CAE) se denomina “Plan Asesoramiento y divulgación Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Asturias (AS-2-3)”, y forma parte del Programa de Actuaciones 2020 en materia de Asistencia Técnica, en el marco de la línea de trabajo prevista en el apartado 1.1. Artículo 31 del Capítulo VIII del Real Decreto 730/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera a Cooperativas Agroalimentarias de España y, en concreto, dentro del objetivo de Fomento de la competitividad, eficiencia, modernización e innovación de las cooperativas agroalimentarias y sus productos y del modelo cooperativo. Y, por tanto, está financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a través del citado Real Decreto.