Plan Asesoramiento y divulgación Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Asturias (AS-2-3)

Cooperativas Agroalimentarias Principado de Asturias, U de Coop (COAPA), entidad socia de Cooperativas Agroalimentarias de España (CAE) está llevando a cabo la actuación denominada “Plan Asesoramiento y divulgación Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Asturias (AS-2-3)”, que forma parte del Programa de Actuaciones 2020 en materia de Asistencia Técnica, en el marco de la línea de trabajo prevista en el apartado 1.1. Artículo 31 del Capítulo VIII del Real Decreto 730/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera a Cooperativas Agroalimentarias de España y, en concreto, dentro del objetivo de Fomento de la competitividad, eficiencia, modernización e innovación de las cooperativas agroalimentarias y sus productos y del modelo cooperativo. Y, por tanto, está financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a través del citado Real Decreto.

La citada Ley 12/2013, en su Disposición Adicional Primera, crea la Agencia de Información y Control Alimentarios (en adelante, AICA). Es un Organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA) que vela por el cumplimiento de dicha Ley de la Cadena que, entre otras cosas:

  • Obliga a firmar contratos por escrito entre las partes en:
    • Operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido, excepto si el precio es inferior a los 2.500€.
    • Transacciones cuyo precio sea superior a los 2.500€, siempre que los operadores se encuentren en situaciones de desequilibrio.

Sin embargo, no es necesario firmar contratos por escrito cuando:

  • El pago del importe se realiza al contado, a la entrega de los productos.
  • En la entrega de productos a cooperativas agroalimentarias o entidades asociativas.
  • Requiere el establecimiento de un precio determinado en el contrato para los productos y la no imposición de pagos adicionales sobre el precio ya establecido.
  • Establece la no modificación unilateral de los contratos.
  • Establece plazos de cobro de 30 días para productos perecederos y 60 días para el resto.
  • Impone sanciones en caso de incumplimiento.

Las actuaciones de inspección de AICA se desarrollan por dos vías:

  • Cuando recibe la denuncia de alguna de las partes informando del incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
  • De oficio, cuando hay indicios de irregularidades en las transacciones comerciales en la cadena alimentaria.

Así, y por ejemplo, durante el primer semestre de 2020 se han controlado un total de 404 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria.

Las Inspecciones de Oficio llevadas a cabo por AICA fueron 65 (22 en Frutas y Hortalizas; 16 en Aceite de Oliva; 15 en el Sector Lácteo y 12 en Ovino y Caprino)

El número de denuncias presentadas ante AICA en 2020 ha sido de 33. En la distribución de las denuncias por sectores, desde la creación de AICA, destacan el sector lácteo que acumula el 39% de las denuncias recibidas, el 27% corresponde al sector de frutas y hortalizas, el 12% al sector vitivinícola y el 11% al aceite de oliva.

Cuando se constatan incumplimientos de la Ley, AICA inicia un procedimiento sancionador, proponiendo a la autoridad competente la sanción a aplicar de acuerdo con la infracción cometida.

La Ley de Cadena Alimentaria establece que corresponde a la Administración General del Estado ejercer la potestad sancionadora prevista en esta ley, en los supuestos siguientes: n Cuando las partes contratantes tengan sus respectivas sedes sociales principales en diferentes Comunidades Autónomas, o n Cuando el contrato afecte a un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma en razón de la trazabilidad previsible de la mayor parte del alimento o producto alimenticio objeto del contrato. En el resto de los supuestos, la potestad sancionadora corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

En el primer semestre de 2020 el MAPA ha impuesto 257 sanciones con el siguiente detalle:

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